La CIDH pide controlar drones y satélites que usa el crimen en la minería ilegal

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los Estados de América controlar a quién se venden y quién termina usando los drones, la conexión satelital, la inteligencia artificial y otras tecnologías que grupos armados y organizaciones criminales aprovechan en la minería ilegal y otras economías ilícitas. Lo hizo en un comunicado del martes 20 de octubre, en el que también exige a las empresas tecnológicas, de telecomunicaciones, de defensa y de minería que vigilen el posible desvío de sus productos.

El pronunciamiento coincidió con una conferencia de las Naciones Unidas sobre delincuencia organizada transnacional que se realiza en Viena hasta el 23 de octubre, donde los gobiernos evalúan si abren negociaciones para un acuerdo contra delitos ambientales como la minería y la tala ilegales y el tráfico de fauna, según la agencia AP.

Satélites, drones y mercurio en redes

El comunicado describe tecnologías de uso dual, que sirven tanto para fines civiles como militares, y advierte que los marcos legales actuales no siempre están preparados para ellas. La relatoría dice haber revisado reportes sobre drones, incluso armados, que grupos criminales usan para vigilar y controlar territorios cerca de sitios de minería ilegal, y sobre conexión satelital y geolocalización al servicio de la logística de esas economías.

AP fue más específica. Según la nota de la agencia desde Bogotá, la REDESCA señaló que servicios de internet satelital como Starlink, de Elon Musk, se usaron en operaciones de minería ilegal para coordinar la logística, los pagos y los desplazamientos en zonas sin redes de comunicación tradicionales. El texto oficial de la relatoría habla de "conectividad satelital" y no nombra a ninguna empresa. La nota de AP no incluye una respuesta de SpaceX, la dueña de Starlink.

El caso de las redes sociales tiene origen identificado. AP informó, citando a la relatoría, que fiscales documentaron 108 publicaciones en TikTok que ofrecían mercurio para la minería ilegal de oro, con más de 5,8 millones de visualizaciones, y que la oficina no dijo de qué país se trataba. El comunicado enlaza la fuente. Es una recomendación del Ministerio Público Federal de Brasil en el estado de Amazonas, del 3 de septiembre, que pidió a TikTok eliminar tres perfiles y sus anuncios, bloquear las búsquedas para comprar mercurio e informar en 30 días qué medidas tomó. El mercurio se usa para separar el oro y termina en los ríos y en los peces que comen las comunidades.

Sobre los drones, AP sumó un dato del Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED). Esa organización contó cerca de 670 incidentes con drones armados en América Latina desde 2018, y más del 72 % ocurrió entre enero de 2025 y agosto de 2026. La cifra abarca todos los usos de drones armados en la región, no solo los vinculados a delitos ambientales.

Lo que se pide a Estados y empresas

La REDESCA pide a los gobiernos controles sobre las transferencias y los usuarios finales de estas tecnologías, y que investiguen y sancionen su compra o uso ilícito por grupos armados y criminales. Les recuerda además el principio de precaución. Si hay un riesgo creíble de daño grave al ambiente, la falta de certeza científica no justifica demorar las medidas.

A las empresas les exige una "debida diligencia reforzada y continua", es decir, revisar en forma permanente los riesgos de lo que venden, incluido quién lo usa al final y para qué. Si una compañía contribuye a un daño, debe cortar esa contribución y colaborar en la reparación.

El comunicado también reconoce el otro lado. Las imágenes satelitales, los drones y los sensores ayudan a detectar a tiempo la minería ilegal y la tala, y el programa de monitoreo amazónico MAAP ya usa un modelo de inteligencia artificial que detecta en imágenes satelitales la deforestación causada por la minería de oro en zonas de difícil acceso. La relatoría pide que los Estados apoyen ese monitoreo comunitario sin trasladar a las comunidades tareas que les corresponden a las instituciones.

Suma una advertencia menos habitual. Estas tecnologías también tienen su propia huella, porque consumen energía y agua, dependen de minerales críticos y generan basura electrónica, y esos costos suelen recaer sobre territorios que ya cargan con presiones extractivas.

El llamado no obliga por sí mismo a ningún gobierno. Su prueba será la mesa de Viena, donde se discute si los delitos ambientales tendrán un acuerdo internacional propio.