Perú obliga a ministerios, regiones y municipios a designar un oficial de IA

Los ministerios, los organismos autónomos, los gobiernos regionales y las municipalidades más grandes de Perú tendrán que nombrar a un Oficial de Inteligencia Artificial, la persona que decide cómo y con qué resguardos usa la IA cada entidad. La Directiva 002-2026-PCM/SGTD fija su perfil, sus funciones y los plazos para designarlo, que van de seis meses para el Gobierno nacional a un año para los municipios. La aprobó la Resolución 004-2026-PCM/SGTD de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que el diario oficial El Peruano publicó este miércoles 21 de octubre.

"Queremos un Estado más ágil, eficiente y digital", dijo el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, según recogieron Caretas y El Comercio, que citó un comunicado difundido por la agencia EFE. La obligación alcanza también al Poder Judicial, al Congreso, a las universidades públicas, a las empresas del Estado y a los hospitales públicos de mayor complejidad.

Un cargo que no exige crear un cargo

Varios medios presentaron la medida como la creación de un cargo nuevo. El texto de la directiva habla de un rol. La persona designada puede sumarlo a las funciones que ya cumple, y la norma aclara que el nombramiento no exige abrir una plaza presupuestada ni un puesto en el organigrama. Cada entidad lo paga con su propio presupuesto, sin fondos adicionales del Tesoro.

La figura tampoco nace ahora. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030, aprobada en mayo, ya preveía un oficial de IA dentro del comité de gobierno digital de cada entidad y encargó a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que definiera su perfil. Lo nuevo es ese perfil, con requisitos, plazos y obligaciones concretas.

Qué tendrá que hacer

El oficial redacta la política de uso seguro, responsable y ético de la IA de su entidad y dirige un plan de acción que se integra al plan de gobierno digital. Antes de que un sistema de IA entre en servicio, tiene que verificar que se hicieron las pruebas técnicas, la evaluación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades. También coordina la evaluación de impacto de cada sistema, pensada para detectar sesgos y posibles afectaciones a derechos, y mantiene un registro de los sistemas que usa la entidad, con su finalidad, su proveedor y su nivel de riesgo.

Cada tres meses vigila cuánto cuestan esos sistemas, incluido el mantenimiento, y reporta los avances al comité de gobierno digital. Si un sistema de IA sufre un incidente de seguridad o expone datos personales, debe avisar de inmediato a los oficiales de seguridad digital y de datos personales, que son quienes notifican a las autoridades.

La directiva le da una protección poco común. El oficial no puede ser removido ni sancionado por las alertas que emita sobre usos indebidos o de alto riesgo de la IA, y la máxima autoridad administrativa de la entidad nunca puede ocupar el rol.

Requisitos y plazos

El perfil pide como mínimo un título de bachiller, una especialización en IA de al menos 40 horas académicas o una maestría afín, cuatro años de experiencia laboral y tres en tecnologías de la información, datos, seguridad digital o IA. Exige conocer la ley de 2023 que promueve el uso de la IA, su reglamento y la norma técnica NTP-ISO/IEC 42001, el estándar para gestionar sistemas de inteligencia artificial. Quedan afuera quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos o informáticos, o sanciones por el mal manejo de datos personales.

Para los municipios más chicos, la directiva prevé un perfil más liviano, con un título técnico y un año de experiencia. Si una entidad no encuentra a nadie que cumpla los requisitos, puede encargar el rol por un máximo de 120 días, por ejemplo al oficial de gobierno de datos, mientras busca a la persona adecuada. Si no puede designarlo, tiene que justificarlo ante la Secretaría con un informe técnico que diga cuándo lo hará. Según El Peruano, el cumplimiento del perfil es exigible doce meses después de la entrada en vigor.

Los plazos corren desde el 22 de octubre. Los ministerios, los organismos autónomos y las empresas públicas tienen hasta abril de 2027, los gobiernos regionales hasta julio y las municipalidades hasta octubre de ese año. En paralelo, la Secretaría prepara con el organismo peruano de acreditación educativa, el SINEACE, una certificación de competencias para el cargo, aunque la norma aclara que no será condición para nombrar a nadie.