El Ministerio Público Federal pide que no opere el centro de datos de Omnia para TikTok en Ceará sin consulta indígena

El Ministerio Público Federal (MPF) y la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil le pidieron a la Justicia federal que el Data Center Pecém no pueda empezar a funcionar. Se trata de la obra que Omnia levanta en Caucaia, en el estado de Ceará, para TikTok. El MPF informó la presentación de la acción civil pública este jueves 10 de septiembre, cuando dos de las tres licencias ambientales del proyecto ya están otorgadas y solo falta la que autoriza a operar.

Como medida urgente, los dos organismos piden que la Superintendencia Estatal del Medio Ambiente (Semace) no emita la licencia de operación hasta que se consulte al pueblo indígena anacé y se elabore un estudio de impacto ambientalEvaluación técnica exigida a obras de gran impacto que analiza sus efectos sobre el ambiente, compara alternativas de ubicación y tecnología y fija medidas de prevención, mitigación y compensación. completo. También solicitan que la Justicia le impida a Omnia iniciar la operación y la energización definitiva de las instalaciones en esas mismas condiciones. La demanda apunta contra Omnia y la Semace. Según el MPF, después de un primer despacho judicial, el estado de Ceará y el municipio de Caucaia pasaron a formar parte de los demandados. El expediente lleva el número 0080626-66.2026.4.05.8100.

Hasta el 10 de septiembre no hay decisión judicial sobre el pedido urgente, según el portal especializado LAWINFRA, que aclara que el reclamo no equivale a una orden ya concedida.

Tres empresas detrás de un solo cliente

Aunque se lo conoce como el centro de datos de TikTok, el proyecto es de empresas brasileñas. Omnia, el brazo de centros de datos del fondo Pátria Investimentos, está a cargo de la construcción. Casa dos Ventos, la empresa de energía renovable, debe levantar un parque eólico y una línea de transmisión de alta tensión para abastecerlo. ByteDance, la dueña de TikTok, va a comprar los equipos y operar el centro de datosInstalación que concentra servidores, almacenamiento y equipos de red para procesar y guardar datos de forma continua, con un consumo eléctrico alto y constante., que según g1 las dos empresas brasileñas le van a alquilar.

El diario g1 lo describe como el mayor centro de datos de Brasil para un único cliente y el primero pensado para la exportación: va a procesar datos de usuarios de otros países. Por estar dentro de la Zona de Procesamiento de Exportación (ZPE) de Pecém, el Consejo Nacional de las ZPE le concedió beneficios fiscales con una condición, que use solo energía renovable. Ese mismo consejo estima 550 empleos directos e indirectos cuando opere y unos 3.800 durante las obras.

Las obras arrancaron el 6 de enero, según Omnia, que prevé entregarle a ByteDance la primera sala de servidores dentro de un año, de acuerdo con el cronograma que la empresa le dio a g1. Una demora en la licencia de operación pega directo en ese cronograma. LAWINFRA lo plantea así: el caso suma una capa de riesgo a los grandes centros de datos, que además de energía, agua e incentivos ahora tienen que demostrar la solidez de su licencia y el respeto a los derechos de las comunidades cercanas.

Una obra de bajo impacto con 120 generadores diésel

El núcleo de la acción es cómo se clasificó el proyecto. Según el MPF, el centro de datos ocupa unas 70 hectáreas, con dos edificios principales, 120 generadores a diésel, una subestación eléctrica y captación de agua subterránea para refrigeración. Aun así, la Semace lo encuadró como un emprendimiento de bajo o mediano impacto, que solo exige un informe ambiental simplificado y no el estudio completo conocido como EIA/Rima.

El otro eje es la consulta libre, previa e informadaDerecho de los pueblos indígenas, previsto en el Convenio 169 de la OIT, a ser consultados con información comprensible y procedimientos propios antes de decisiones que los afecten directamente. que fija el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para el MPF y la DPU, las reuniones informativas que se hicieron no reemplazan ese procedimiento formal. El agua también pesa: las comunidades vecinas dependen sobre todo de pozos, en una región con escasez histórica.

Los organismos ya habían enviado en mayo una recomendación a la Semace y a Omnia para corregir esas fallas. Según la acción, las respuestas no cumplieron los puntos centrales. Por eso ahora piden además pruebas de bombeo, un programa de monitoreo del agua y la energía, la conformidad eléctrica ante el Operador Nacional del Sistema Eléctrico y la publicación de los niveles de ruido cada seis meses. Si la licencia sale sin esas medidas, reclaman suspender la actividad hasta la sentencia.

Las cifras no coinciden entre las fuentes

La potencia cambia según quién la cuente. El MPF habla de 300 megavatios instalados. El g1 separa 200 megavatios para los servidores y 300 en total, con el resto de las máquinas del edificio.

Con la inversión la distancia es mayor. El g1 cita al Ministerio de Desarrollo e Industria, que calcula más de 580.000 millones de reales para un complejo de cinco centros de datos, con infraestructura y parques eólicos incluidos. CNN Brasil habla de unos 200.000 millones de reales hasta 2035, y LAWINFRA da la misma cifra como una proyección del ciclo completo, no como dinero ya invertido.

La discrepancia más sensible es la distancia al territorio anacé. El MPF sitúa la obra a unos dos kilómetros del Área de Protección Ambiental del Lagamar do Cauípe, que coincide en parte con la Tierra Indígena Anacé, en estudio por la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai). En 2025, Casa dos Ventos le dijo al medio Política & Poder que la obra queda a más de 20 kilómetros del territorio indígena, según recogió Data Center Dynamics. El cacique Roberto Ytaysaba Anacé respondió que son tres kilómetros, porque la Constitución reconoce las tierras que los pueblos "tradicionalmente ocupan".

El primer paso que va a marcar el rumbo es la decisión del juez sobre la medida urgente. La meta de entregar la primera sala de servidores dentro de un año depende de ella.

Actualización (17 de septiembre de 2026): según g1, Omnia afirmó que tiene "todas las licencias y autorizaciones ambientales válidas" y que todavía no había sido citada formalmente, y la Procuraduría General del Estado de Ceará dijo que fue notificada y que responderá en el juicio.