El Senado de Chile discute postergar un año la ley de datos personales

La Comisión de Constitución del Senado de Chile empieza este lunes 19 de octubre a discutir el proyecto que posterga un año la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de protección de datos personales. Si se aprueba, las nuevas reglas dejarían de regir el 1 de diciembre de 2026 y pasarían al 1 de diciembre de 2027.

El proyecto, boletín 18.623-07, lleva la firma del presidente José Antonio Kast y de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y de Economía, Daniel Mas. Ingresó al Senado el 1 de septiembre con "suma urgencia", la categoría que pide despachar un proyecto en quince días en cada cámara. El Ejecutivo renovó esa urgencia cuatro veces, la última el 6 de octubre, y aun así la discusión arranca siete semanas después del ingreso. Mientras no se publique otra ley, la fecha vigente sigue siendo el 1 de diciembre de este año.

La sesión de la comisión, que preside el senador opositor Pedro Araya (PPD), tiene como invitados a Mas, a García Ruminot y al exsenador Felipe Harboe, uno de los autores de la ley original, según Diario Financiero. En la misma sesión se revisa una moción de Araya, Jaime Quintana (PPD) y Gastón Saavedra (PS) para corregir aspectos de la norma.

Una agencia que todavía no existe

La razón de fondo es la Agencia de Protección de Datos Personales, el organismo que debe fiscalizar la ley y que todavía no funciona. Su consejo directivo nunca se constituyó. El gobierno retiró en marzo una primera terna de candidatos tras cuestionamientos, y en mayo el Senado rechazó la segunda porque no alcanzó los dos tercios de votos que exige la ley, según La Tercera. El plazo legal para instalarla venció el 1 de junio.

En su mensaje al Congreso, el Ejecutivo sostiene que el consejo tiene que estar "constituido con una antelación suficiente" para dictar las normas que orienten a las empresas antes de que la ley sea exigible. Mas defendió la iniciativa al presentarla. "No queremos menos protección de los datos personales", dijo a Emol, y agregó que el objetivo es que la ley funcione "desde el primer día".

El texto cambia más que la fecha. El consejo de la agencia pasa de tres a cinco integrantes, con un quórum de tres para sesionar y renovación parcial cada dos años. La primera designación tendrá que hacerse al menos doce meses antes de la entrada en vigencia, y si el Senado no se pronuncia a tiempo sobre la propuesta del presidente, se entenderá aceptada. Como el proyecto se votaría con menos de un año de margen, una norma transitoria obliga a nombrar a los consejeros dentro de los diez días siguientes a su publicación. Los consejeros cobrarían sueldo desde su nombramiento.

Hay también un cambio para las empresas. La ley original permitía que, durante el primer año, la agencia aplicara solo una amonestación por escrito a las empresas de menor tamaño en lugar de una multa. El proyecto extiende esa posibilidad a todos los obligados, grandes incluidas.

El plazo, el punto de choque

Un año más le parece demasiado a la oposición. Araya calificó el plazo de "excesivo" y anticipó a La Tercera que "lo más conflictivo va a ser el plazo de la prórroga". Juan Luis Castro (PS) sostuvo que no debería superar los 180 días, y Matías Walker (Demócratas) atribuyó la demora a la falta de acuerdo entre los partidos sobre los nombres para la agencia. Araya evalúa una salida intermedia, con una parte de la ley vigente a los seis meses y el resto más adelante. Harboe propuso en agosto algo parecido, postergar solo el capítulo de sanciones.

Entre los abogados que asesoran a las empresas, la postergación tiene respaldo. En un encuentro organizado por Diario Financiero, Catherine Muñoz, fundadora de Idónea Consultores, explicó que la ley se basa en principios y que las empresas hacen "malabarismo interpretativo" con guías de la Unión Europea a falta de criterios locales. "No puedo sancionar a alguien que no tiene claro cómo cumplir una ley", dijo.

Diego Lizama, socio de Lizama Abogados, advirtió que las empresas igual siguieron preparándose por temor a las multas, que llegan a 20.000 unidades tributarias mensuales, cerca de 1.400 millones de pesos chilenos. "Las multas son especialmente altas, con poca posibilidad de revisión", dijo. Luis Emilio Ríos, delegado de protección de datos de BancoEstado, puso un límite: "Veo beneficios si se piensa en extenderla en no más allá de un año".

Lo que queda abierto

La ley de 2024 es la reforma más profunda de la privacidad en Chile desde 1999 y acerca al país al modelo europeo, con derechos nuevos para las personas y obligaciones para empresas y organismos públicos. El proyecto todavía tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, la sala del Senado y la Cámara de Diputados. Para que la postergación sirva, tiene que ser ley antes del 1 de diciembre. Si no llega, la Ley 21.719 entra en vigencia sin la agencia que debe aplicarla.