La nueva ley de datos personales de Chile entra en vigor en siete semanas, salvo que el Congreso apruebe correrla un año

La Ley 21.719, que reemplaza el régimen de protección de datos personales de Chile, entra en vigor el 1 de diciembre de 2026, dentro de siete semanas. El gobierno quiere correr esa fecha un año, al 1 de diciembre de 2027, pero el proyecto que lo hace todavía no fue votado en el Senado. Mientras el Congreso no lo apruebe y se publique, la fecha legal sigue siendo la de este año.

La ley se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024 y dio dos años de adaptación. El 1 de septiembre de 2026 el Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto de postergación (boletín 18.623-07). El gobierno sostiene que el plazo original no alcanza para instalar la Agencia de Protección de Datos Personales, que debe fiscalizarla. En mayo fue rechazada la propuesta de consejeros para esa Agencia.

Qué propone el proyecto

• Un año más. La entrada en vigor pasa del 1 de diciembre de 2026 al 1 de diciembre de 2027.
• Una Agencia más grande. El Consejo Directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales pasa de tres a cinco integrantes, con renovación parcial cada dos años.
• Más tiempo para nombrarlos. Los primeros consejeros deberán designarse doce meses antes de la entrada en vigor, en lugar de seis.
• Primero, amonestación. Durante el primer año de vigencia, la sanción por escrito en lugar de multa se extiende a todas las empresas, no solo a las de menor tamaño.

Qué deberán cumplir las empresas

Cuando la ley rija, las empresas tendrán que demostrar que cuentan con un consentimiento válido, informado y verificable de cada persona: registrar qué autorizó, cuándo, en qué condiciones y por qué canal. Las casillas premarcadas y las autorizaciones agrupadas tendrán que revisarse. "No basta con tener una base de datos que indique que un usuario aceptó", dijo a Publimetro Hugo Díaz, director ejecutivo de Autentikar, una empresa de verificación de identidad.

Las personas podrán acceder a sus datos, corregirlos, pedir que se borren, limitar su uso y revocar autorizaciones que ya dieron. La Agencia podrá fiscalizar, auditar a las empresas y sancionarlas.