Marines demandan al Pentágono por exponer datos de 3 millones de personas

Dos infantes de marina de Estados Unidos presentaron una demanda colectiva contra el Departamento de Defensa por la filtración que expuso los datos personales de unos tres millones de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. La demanda entró el martes 20 de octubre en el tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington, y la informó Reuters un día después. Los demandantes acusan al Pentágono de haber dejado sin cifrar los números de seguro social de millones de militares y de tardar dos meses en avisarles.

La causa, 1:26-cv-03667, se apoya en la Ley de Privacidad de 1974, que obliga a las agencias federales a proteger los registros que guardan sobre las personas. El texto pide que el caso se trate como colectivo en nombre de todos los afectados, un juicio por jurado y una indemnización por daños. Uno de los demandantes sigue en servicio y vive en California. El otro dejó la Infantería de Marina en 2021 y vive en Nueva York. La demanda está dirigida al "Departamento de Guerra", el nombre alternativo que el gobierno de Donald Trump empezó a usar para el Departamento de Defensa en 2025.

Nueve meses adentro sin que nadie lo notara

La filtración salió de un sistema para compartir archivos del Centro de DatosInstalación que concentra servidores, almacenamiento y equipos de red para procesar y guardar datos de forma continua, con un consumo eléctrico alto y constante. de Personal de Defensa (DMDC), la oficina que guarda los registros de militares en actividad, retirados, veteranos, empleados civiles, contratistas y sus familias, más de 60 millones de fichas en total. Según la carta de aviso que publicó primero Military Times, el 16 de julio de 2026 se descubrió una falla en ese sistema que permitía a usuarios no autorizados entrar a los archivos. Habían entrado desde octubre de 2025.

Los archivos tenían, sin cifrar, números de seguro social junto con nombres, fechas de nacimiento, datos de contacto, sexo, raza e información de carrera militar, como la especialidad de cada uno. El Pentágono corrigió la falla y ofreció un año de monitoreo de crédito gratis a través de IDX, una empresa contratada para eso. No dijo qué producto usaba ese sistema ni quién entró. Un funcionario consultado por Federal News Network habló de "un pequeño número de usuarios no autorizados" y no quiso decir si el acceso fue intencional.

Tres millones según el Pentágono, cuatro según otras fuentes

La cifra oficial llegó el 28 de septiembre. Un funcionario de Defensa dijo que la filtración alcanzó a 2,76 millones de personas vivas y a 294.000 fallecidas, algo más de tres millones en total. Cuatro días antes, dos personas al tanto del incidente le habían dicho a Military Times que los afectados podían ser unos cuatro millones. Ese número nunca se confirmó, y la demanda usa la cifra oficial.

La otra diferencia es más delicada. La carta del Pentágono dice que no hay indicios de que los datos se hayan usado de forma indebida. Los demandantes sostienen lo contrario. Uno dice que tuvo cargos falsos en su tarjeta de débito por unos 318 dólares el 20 de agosto, un mes antes de recibir el aviso, y que le llegaron correos que le informaban que sus datos estaban en la red oscura. El otro cuenta una compra no autorizada de unos 271 dólares pocos días después del aviso, con su nombre, su dirección y los datos de su tarjeta correctos, y una lluvia de suscripciones falsas en su correo. Que esos fraudes vengan de esta filtración es, por ahora, una acusación de los demandantes que el tribunal todavía no evaluó.

La demanda también recuerda que la oficina del inspector general del propio Departamento informó en julio que su programa de seguridad informática fue "ineficaz" durante cinco años seguidos y que no alcanzaba un nivel efectivo en 14 de las 20 métricas que exige la ley federal de seguridad informática. Para los abogados, eso prueba que el Pentágono conocía el riesgo y no actuó, una condición que la Ley de Privacidad exige para cobrar daños.

Un antecedente de 63 millones

La firma que representa a los demandantes, Migliaccio & Rathod, había anunciado una investigación sobre la filtración el 25 de septiembre. El caso se parece al de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), cuyos sistemas fueron vulnerados en 2014 y 2015 con datos de unos 22 millones de empleados federales. Aquel juicio colectivo terminó en un acuerdo de 63 millones de dólares que el mismo tribunal de Washington aprobó en 2022, con pagos de entre 700 y 10.000 dólares por persona que pudiera probar un daño.

Los datos de esta filtración preocupan más allá del bolsillo. Según Defense One, la especialidad militar de cada persona sirve para elegir blancos de engaños dirigidos y puede interesar a servicios de inteligencia extranjeros. Un número de seguro social no se cambia como una contraseña. Quien recibió la carta del DMDC tiene un año de monitoreo gratis, pero la información expuesta sigue siendo útil mucho después.

El Departamento de Defensa no respondió públicamente a la demanda. Como agencia federal, tiene 60 días desde la notificación para contestarla ante el tribunal.