República Dominicana prohíbe que el Estado quede atado a un solo proveedor de tecnología
Un decreto obliga a los ministerios a pasar por una evaluación técnica antes de comprar plataformas digitales complejas y exige supervisión humana cuando se contraten algoritmos.

El Poder Ejecutivo de República Dominicana emitió el Decreto 714-26, que aprueba el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado. La norma fija reglas para todas las compras de tecnología del Estado, desde plataformas y servicios en la nube hasta soluciones de inteligencia artificial. El reglamento prohíbe las cláusulas de contrato y los diseños técnicos que dejen al Estado atado a un solo proveedor o que limiten su control directo sobre sus propios datos.
El decreto también declara de interés estratégico nacional la integración y la modernización de la infraestructura digital "soberana" del Estado. El objetivo, según el gobierno, es reducir compras duplicadas entre organismos, que los sistemas puedan hablar entre sí y proteger los datos públicos.
Qué cambia para los organismos públicos
- Evaluación previa obligatoria. Antes de comprar plataformas o soluciones digitales complejas, las entidades del Poder Ejecutivo necesitan un informe técnico del Ministerio de Administración Pública (MAP).
- Salida garantizada. Las soluciones que se contraten deben permitir llevarse los datos a otro sistema (portabilidad), conectarse con otros sistemas del Estado (interoperabilidadCapacidad de distintos sistemas informáticos u organizaciones de intercambiar datos y usarlos entre sí de forma automática, sin que la persona tenga que repetir trámites ni cargar la misma información varias veces.) y volver atrás sin quedar cautivo (reversibilidad técnica).
- Algoritmos con control humano. Las contrataciones que incluyan algoritmos o automatizaciones avanzadas deben cumplir criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia.
- Compras conjuntas. El MAP puede coordinar licitaciones entre varios ministerios cuando una inversión involucre a más de un organismo.
El reglamento no reemplaza a las leyes que ya existen: los organismos siguen obligados por las normas de contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y acceso a la información pública.
Quién controla
El MAP queda como autoridad de aplicación: identifica, evalúa, prioriza y controla las inversiones digitales estratégicas. El decreto crea además una Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, que coordina el MAP y que integran el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
"A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada", dijo el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, quien agregó que la norma busca proteger "en todo momento la soberanía sobre los datos de los dominicanos". Los anuncios oficiales no mencionan plazos para que los organismos se adapten.
Glosario
interoperabilidad
Capacidad de distintos sistemas informáticos u organizaciones de intercambiar datos y usarlos entre sí de forma automática, sin que la persona tenga que repetir trámites ni cargar la misma información varias veces.
Contexto (1 término)
- interoperabilidad
- Capacidad de distintos sistemas informáticos u organizaciones de intercambiar datos y usarlos entre sí de forma automática, sin que la persona tenga que repetir trámites ni cargar la misma información varias veces.
Fuentes
- Gobierno emite por decreto reglamento de coordinación e interés estratégico de la infraestructura digital del Estado (Ministerio de Administración Pública, 2026-10-12)
- Gobierno emite por decreto reglamento de coordinación e interés estratégico de la infraestructura digital del Estado (Presidencia de la República Dominicana, 2026-10-12)
- Emiten decreto para regular y transparentar todas las inversiones tecnológicas del Gobierno (El Día, 2026-10-12)