El Congreso de Guatemala reinicia el 3 de noviembre su ley de ciberseguridad

El Congreso de Guatemala incluyó la ley de ciberseguridad, la iniciativa 6347, para su discusión en primer debate en la sesión plenaria del martes 3 de noviembre, según el proyecto de orden del día que publicó el propio Congreso. La sesión está convocada a las 14 horas de Guatemala, las 20:00 UTC (14:00 en Ciudad de México, 15:00 en Bogotá y Lima, 17:00 en Buenos Aires, Santiago y São Paulo). El proyecto ya había llegado al tercer debate en abril, cuando el pleno lo devolvió a comisión.

La agenda la definieron el 29 de octubre la instancia de jefes de bloque y la Junta Directiva. La Hora informó que la ley será la primera iniciativa que conozcan los diputados. TN23 habló solo de un "seguimiento" a la iniciativa, sin decir en qué etapa, pero el boletín oficial del Congreso confirma que es primer debate. Un primer debate no aprueba nada. En Guatemala una ley necesita tres debates y después la votación por artículos y de redacción final.

La ley que volvió a la casilla de salida

El proyecto ya recorrió ese camino. Lo presentaron en febrero de 2024 los diputados José Pablo Mendoza Franco, Cristian Álvarez y Gustavo Cruz, y según el dictamen de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional pasó el primer debate el 9 de septiembre de 2025 y el segundo el 23 de septiembre. En el tercero, el 14 de abril de 2026, una moción del diputado Elmer Palencia lo devolvió a comisión con 94 votos. Uno de los puntos cuestionados fue el papel del Ministerio de la Defensa, según La Hora.

La comisión emitió un dictamen nuevo, favorable con modificaciones, el 28 de septiembre. Con ese texto el trámite arranca otra vez desde el primer debate. El 28 de octubre varios diputados intentaron llevarlo al pleno, pero el presidente del Congreso, Luis Contreras, levantó la sesión tras horas de discusión, contó La Hora. República informó el 13 de octubre que la Comisión de Economía, a la que también se envió el proyecto, todavía no había dictaminado y que se armaría una mesa técnica con los bancos. No hay confirmación pública de que esa comisión ya se haya expedido.

Una dirección bajo Gobernación y alertas en 30 minutos

El texto dictaminado tiene 96 artículos. Arriba de todo pone un Consejo Nacional de Ciberseguridad presidido por el presidente de la República, con los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa, Comunicaciones y Finanzas y el secretario de Inteligencia Estratégica. La parte operativa queda en una Dirección Nacional de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Gobernación, con presupuesto propio, y en un centro nacional de respuesta a incidentes que debe funcionar dentro de los 18 meses de vigencia de la ley.

Las empresas de servicios esenciales y las que operan sistemas críticos tendrían que avisar de un ataque en 30 minutos si afecta a infraestructura críticaSistemas y servicios cuya interrupción afectaría gravemente a la población o a la economía, como la energía, el agua, las telecomunicaciones, la salud, el transporte y el sistema financiero., y en 6 horas en los demás casos, con un informe completo en 72 horas. También deberán aplicar medidas de seguridad acordes al riesgo y seguir estándares internacionales. Las infracciones se dividen en leves, graves y gravísimas, pero la ley deja al reglamento la lista de conductas y los montos de las sanciones.

El proyecto suma delitos informáticos al sistema penal. El fraude informático, por ejemplo, tendría penas de 6 a 8 años de prisión y hasta 10 en casos agravados, y la suplantación de identidadUso de los datos personales de otra persona para hacerse pasar por ella ante una empresa u organismo, por ejemplo para contratar servicios o hacer compras a su nombre. por medios digitales, de 4 a 8 años. El Ministerio de la Defensa conserva la ciberdefensa, con un catálogo de infraestructuras críticas digitales y un protocolo de "acciones defensivas y ofensivas" que aprobaría el Consejo. La comisión sostiene que la ley habilita a Guatemala para adherir al Convenio de Budapest sobre ciberdelito, del que todavía no es parte.

Las críticas al papel militar

El medio guatemalteco Vector Crítico publicó en septiembre una investigación de Luis Assardo sobre la versión de 2025, que ponía el centro de respuesta bajo el Consejo Nacional de Seguridad y elevaba algunas penas hasta 30 años. Citó a la diputada Mirna Godoy, que firmó un voto en disidencia por penas que consideró "excesivas" y pidió un centro autónomo. El dictamen nuevo movió el centro de respuesta a la órbita civil de Gobernación, pero mantuvo las acciones ofensivas en manos de Defensa.

El país lleva 17 años sin aprobar una ley del tema, con ocho iniciativas presentadas desde 2009, según Infobae. Una de ellas llegó a aprobarse en 2022 y se archivó antes de llegar al Ejecutivo. El martes se sabrá si esta vez el primer debate se completa.