El Pentágono hace que 30 universidades corten más de 80 colaboraciones científicas con el exterior

Las 30 universidades estadounidenses que el Pentágono mandó auditar en agosto terminaron sus relaciones con las instituciones extranjeras vetadas por la ley de defensa, informó el 19 de octubre el Departamento de Guerra, el nombre que el gobierno de Donald Trump le da desde 2025 al Departamento de Defensa. Las revisiones dejaron más de 80 acciones de terminación de vínculos.

Una parte fueron cortes con entidades de la lista de la Sección 1286 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, la ley anual que fija el presupuesto y las reglas del Pentágono). Otra parte fueron terminaciones "preventivas" con entidades que no figuran en esa lista. El comunicado no detalla cuántas fueron de cada tipo, con qué instituciones extranjeras ni cuántos proyectos de investigación quedaron afectados. Tampoco publica la lista completa de las 30 universidades.

Sí nombra a siete que, según el Pentágono, "fueron más allá" del cumplimiento mínimo, con cortes rápidos y medidas de protección propias. Son la Universidad Estatal de Oklahoma, la Universidad Estatal de Pensilvania, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la Universidad de Carolina del Sur, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Texas en Austin y Virginia Tech. "Merecen un enorme reconocimiento por fijar la referencia en seguridad de la investigación", dijo Joseph Jewell, secretario adjunto de Guerra para Ciencia y Tecnología.

Emil Michael, subsecretario de Investigación e Ingeniería, celebró que el departamento fuera "30 de 30" y dejó una advertencia para el resto del sistema universitario. "Las instituciones que no cumplan los estándares de seguridad de la investigación quedan advertidas. El dinero de los contribuyentes no va a sostener a instituciones cuyas alianzas pongan en riesgo al combatiente estadounidense o la ventaja tecnológica del país", afirmó.

Dos semanas para revisar cada alianza

La orden había salido el 17 de agosto. El Pentágono notificó a 30 universidades que debían revisar sus colaboraciones académicas, financieras y de investigación con las entidades de la lista 1286 y con organizaciones vinculadas a Institutos Confucio "rebautizados", los centros de idioma y cultura financiados por el gobierno chino que muchas universidades cerraron en los últimos años. Tenían que medir si había investigación sensible o sujeta a controles de exportación expuesta, cortar las alianzas problemáticas e informar antes del 31 de agosto, bajo amenaza de perder la elegibilidad para fondos federales.

El departamento no nombró a las universidades. Un funcionario citado por la agencia AP dijo que entre ellas estaban Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad Johns Hopkins. Sarah Spreitzer, vicepresidenta del Consejo Estadounidense de Educación, que agrupa a rectores, dijo a la AP que el anuncio insinúa faltas sin pruebas. "No nos gusta la insinuación de que no somos buenos socios en seguridad de la investigación", dijo, y advirtió que las universidades podrían quedar expuestas por alianzas firmadas antes de que existiera la lista. La embajada de China pidió a Washington dejar la "mentalidad de Guerra Fría".

La lista que ordena todo esto se actualizó en julio. Tiene 130 instituciones académicas y de investigación de China, Rusia e Irán, entre ellas la Universidad Tsinghua, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y las universidades Fudan, Jiao Tong de Shanghái y de Shandong. Suma además seis programas de reclutamiento de talento considerados una amenaza, como el Plan de los Mil Talentos y la cátedra Changjiang de China y el Proyecto 5-100 de Rusia.

Qué es la seguridad de la investigación

La seguridad de la investigación (research security) es el conjunto de reglas con que el gobierno de Estados Unidos busca que la ciencia que financia no termine en manos de gobiernos que considera adversarios, sobre todo el de China. Se apoya en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 33 (NSPM-33), firmado en enero de 2021, y en la Ley CHIPS y Ciencia de 2022, que prohíbe a los investigadores con fondos federales participar en programas de talento "malignos" de países de interés.

En junio de 2023, el Pentágono bajó esas reglas a una matriz de decisión para las propuestas de investigación fundamental, la ciencia básica que se publica sin restricciones. Cada propuesta seleccionada por su mérito técnico pasa por una revisión de riesgo, y la revisión se repite cada año. Se mira si el investigador principal y el personal clave participan en programas de talento extranjeros, si reciben fondos de fuentes problemáticas, si tienen lazos con entidades de las listas y si registraron fuera de Estados Unidos patentes surgidas de investigación con fondos federales. El riesgo pesa más cuanto más reciente es el vínculo. Desde el 9 de agosto de 2024, participar en un programa de talento maligno, o trabajar en una universidad sin una política que lo prohíba, deja la propuesta sin fondos. La salida preferida, de todos modos, es la mitigación, con capacitación, más declaraciones o el reemplazo de una persona del equipo. Cada componente del Pentágono debe informar cada seis meses cuántas propuestas rechazó y por qué, pero el comunicado de este lunes no trae esas cifras.

El Congreso endureció el esquema. La NDAA de 2025 prohibió al Pentágono financiar investigación fundamental en colaboración con cualquier institución de la lista 1286, y la de 2026 extendió la prohibición, que alcanza también a cada empleado de esas instituciones y al uso de sus equipos. En enero, Michael sumó la prohibición de financiar a empresas de la lista de compañías militares chinas (Sección 1260H), un repositorio común de revisiones de riesgo y controles por muestreo de los proyectos financiados.

Para el investigador, colaborar con una persona afiliada a una institución de la lista ya es un riesgo de cumplimiento que puede costarle fondos federales, según el texto oficial de la lista. Además, tiene que declarar todas esas afiliaciones y cualquier actividad con programas de talento, y no hacerlo puede violar la ley federal.

Latinoamérica, a los dos lados de la frontera científica

La región está a los dos lados de esta frontera. Del lado de Estados Unidos, Brasil y México son el décimo y el undécimo país de origen de estudiantes internacionales en ese país, con unos 17.300 y 15.700 alumnos en el ciclo 2024-2025, y más de 9.700 entre ambos cursan posgrados, según el informe Open Doors del Departamento de Estado. Siete de cada diez estudian en universidades doctorales.

El Pentágono además financia ciencia en la región. La Oficina de Investigación Naval Global (ONR Global) abrió en 2002 una sede en la embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile para financiar ciencia en todo el continente. En Brasil, esa oficina y el Comando de Desarrollo de Capacidades del Ejército invirtieron algo más de 5,3 millones de dólares en proyectos desde 2014, en la Universidad de São Paulo, la Unicamp y la PUC de Río de Janeiro, y la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea, que financiaba proyectos brasileños desde Santiago, abrió en febrero de 2022 una presencia permanente en el país, según la revista Pesquisa FAPESP. La política de 2023 alcanza a toda persona que contribuya de manera significativa a un proyecto que el Pentágono financia y sea esencial para ejecutarlo.

Del otro lado están las alianzas con China. La Universidad Tsinghua, que figura en la lista, abrió en 2018 su Centro para América Latina en Santiago, nacido de un intercambio con la Pontificia Universidad Católica de Chile que empezó en 2006. Con la COPPE de la Universidad Federal de Río de Janeiro mantiene desde 2009 el Centro China-Brasil de Cambio Climático y Tecnologías Innovadoras para Energía, la primera plataforma permanente de cooperación científica entre una universidad brasileña y una china. Un investigador latinoamericano que colabore con Tsinghua y a la vez integre un proyecto financiado por el Pentágono corre, según el propio Pentágono, un riesgo de cumplimiento que puede costarle esos fondos si no declara el vínculo. La estación de espacio lejano de Neuquén, que opera la agencia china CLTC con la CONAE, no figura en la lista, que se limita a instituciones académicas y de investigación.

En la región, la discusión sobre seguridad de la investigación recién empieza y llega en buena medida desde Washington. CRDF Global, por encargo del Departamento de Estado, buscó este año expertos para organizar un foro en Santiago con funcionarios de ciencia, financiamiento y seguridad nacional de Argentina, Chile, Perú y México, con el objetivo declarado de mejorar sus marcos nacionales de seguridad de la investigación y detectar las brechas de cada país frente a la injerencia de Estados extranjeros.

El Pentágono anunció que seguirá actualizando la lista 1286 al menos una vez por año y que evaluará a las universidades que conserven relaciones con las entidades incluidas.