El proyecto 083 de la Cámara de Colombia, que veta redes sociales a menores de 14 años, obtuvo ponencia positiva

Los menores de 14 años no podrían registrarse ni entrar a las redes sociales que no fueron diseñadas para ellos, si avanza el Proyecto de Ley 083 de 2026 de la Cámara de Representantes de Colombia. El texto ya tiene una ponencia positiva para primer debate en la Comisión Sexta, en un informe fechado el 18 de septiembre y firmado por el representante por Antioquia Luis Guillermo Patiño Aristizábal como coordinador ponente, según la ficha oficial de la Cámara y la cobertura de Infobae de este 8 de octubre.

El proyecto se titula "Por medio del cual se regulan las plataformas de redes sociales en Colombia y se dictan otras disposiciones generales" y tiene 15 artículos. Su autor, según la ficha de la Cámara, es el representante Germán Rogelio Rozo Anís, que lo radicó el 22 de julio. El texto se publicó en la Gaceta del Congreso del 4 de agosto. Patiño Aristizábal, del Movimiento Creemos, dirigió su informe al presidente de la Comisión Sexta, Luis Hernando González, y pidió que la iniciativa siga su curso. Otro ponente, Omar Francisco Vidal Rojas, adhirió después a esa ponencia, según consta en la misma ficha.

El punto que más llama la atención está en el artículo 10, el de las prohibiciones. Allí queda vetado "el registro y acceso de menores de 14 años a plataformas no diseñadas especialmente para su uso", según el texto que cita Infobae. La redacción importa. El proyecto no prohíbe cualquier entorno digital para adolescentes, sino las redes que no tengan un diseño pensado para ese público. El Colombiano cita además el artículo 6, que obliga a las plataformas a restringir el acceso y el registro de los menores de 14 años, salvo en servicios hechos para niños, con control parental y aprobación expresa de sus representantes legales.

Queda un punto sin confirmar. El Colombiano y El Espectador, según un resumen de su cobertura publicado por IA República, afirman que el proyecto exigiría un mecanismo obligatorio de verificación de identidad para todos los usuarios. Infobae no menciona esa obligación y LatamByte no pudo verificarla en el articulado disponible.

Lo que tendrían que rendir las redes sociales

Más allá de la edad, el proyecto les impone a las plataformas deberes de transparencia. Tendrían que publicar informes cada seis meses sobre el contenido que retiran, con las causas de cada eliminación, los tiempos de respuesta y los recursos que presentaron los usuarios. También deberían explicar con claridad cómo funcionan sus algoritmos de recomendaciónSistema automático que usa una plataforma digital para decidir qué publicaciones, videos o anuncios muestra a cada usuario, a partir de su actividad y de otros datos., sus mecanismos de publicidad y sus criterios para retirar publicaciones.

En materia de datos personales, el texto prohíbe conservarlos sin el consentimiento expreso del usuario y obliga a avisarle de cualquier uso que se haga de ellos. Infobae señala que esa exigencia se suma a las reglas de hábeas data que ya rigen en Colombia. El articulado también prohíbe crear cuentas falsas, usar identidades ficticias y difundir información falsa cuando haya intención de manipular la opinión pública o difamar a personas o empresas.

Según El Colombiano y El Espectador, toda plataforma con más de cien mil usuarios activos en el país debería tener una oficina física y un representante legal en Colombia para atender a autoridades, usuarios y procesos judiciales.

La Superintendencia, con poder para bloquear

La autoridad encargada de investigar y sancionar sería la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El artículo 11 fija el procedimiento, y en los casos de datos personales remite a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1074 de 2015 para graduar las sanciones. Las multas podrían llegar a 5.000 salarios mínimos mensuales y, ante incumplimientos reiterados, la SIC podría ordenar el bloqueo temporal o permanente de la red social en el país.

El proyecto le asigna a la SIC un deber adicional. Si en una investigación encuentra indicios de explotación sexual, pornografía infantil, trata de personas o reclutamiento de menores, tendrá que enviar la información de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Policía Nacional. Según El Espectador, el texto justifica la iniciativa con los riesgos de la desinformación y del reclutamiento infantil por grupos armados ilegales, y cita un informe de Human Rights Watch sobre captación de menores en TikTok.

Una ponencia todavía no es ley

Lo que existe por ahora es una ponencia, no una ley: el estado oficial del proyecto en la Cámara es "Trámite en Comisión". El Colombiano publicó que la iniciativa ya fue aprobada en primer debate, pero la ficha de la Cámara solo registra la ponencia positiva y la adhesión de Vidal Rojas, sin ninguna votación. Infobae, NoticiasBQ e IFM Noticias también describen el paso como la radicación de la ponencia. Para convertirse en ley, el proyecto debe superar cuatro debates, dos en la Cámara y dos en el Senado.

El camino tiene antecedentes. Según Congreso Visible, el observatorio legislativo de la Universidad de los Andes, un proyecto con el mismo título y el mismo objeto, el 74 de 2025, de los representantes Rozo Anís y Hugo Alfonso Archila Suárez, tuvo ponencia para primer debate en octubre de 2025 y terminó archivado el 20 de junio de 2026 por cambio de legislatura, sin llegar a votarse.

El Colombiano ubica la discusión junto a la de Australia, que ya restringió el acceso de menores a las redes, y a la de Francia, el Reino Unido y España, donde se debate algo parecido. En Colombia, el próximo paso es el primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, y la ficha oficial todavía no muestra una fecha para esa votación.