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Tecnologías emergentes en Latinoamérica y el mundoJueves 12 nov 2026

México ya vinculó 100 millones de celulares a la identidad de sus titulares

Una persona sostiene un celular en una mano y su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral de México en la otra
Foto: DPL News

El registro obligatorio con la CURP llega al 83 % de la meta y le quedan cuatro fechas límite hasta el 31 de diciembre, mientras organizaciones de derechos digitales reclaman por la privacidad.

México superó los 100 millones de líneas celulares vinculadas a la identidad de su titular, 100,5 millones con corte al 2 de noviembre, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en un comunicado del 3 de noviembre. La cifra equivale al 83,3 % de las cerca de 120 millones de líneas que el regulador espera tener vinculadas al cierre de 2026, y las que no cumplan se suspenden.

El registro es obligatorio en México desde el 9 de enero. Cada persona tiene que asociar su número a una identificación oficial vigente con su Clave Única de Registro de Población (CURP)Clave Única de Registro de Población de México: código alfanumérico de 18 caracteres que identifica a cada residente y se usa en trámites públicos y privados., el código de identidad de cada residente, según los lineamientos que la CRT emitió en diciembre de 2025. El objetivo declarado, repite el regulador, es "reducir el anonimato" que facilita la extorsión y el fraude telefónico.

Un calendario por último dígito

El plazo original vencía el 30 de junio para todos. Cinco días antes, la CRT lo reemplazó por un calendario escalonado según el último número de la línea, que empezó con la terminación 0 el 15 de agosto, informó Infobae. Las terminaciones 0 a 5 ya vencieron. Quedan cuatro fechas, y la terminación 6 vence el 15 de noviembre, la 7 el 30 de noviembre, la 8 el 15 de diciembre y la 9 el 31 de diciembre, según el comunicado de la CRT, fechas que también publicaron DPL News y Mobile Time.

Vencido el plazo, las compañías tienen 72 horas para suspender las líneas sin vincular. Una línea suspendida no puede llamar, mandar mensajes ni usar datos, pero sigue comunicando con los números de emergencia y con su propia compañía. El número no se pierde. Basta con vincularlo para que el servicio vuelva, y el trámite se puede hacer aunque la línea no tenga saldo.

El trámite no lo hace el gobierno. Se completa ante cada compañía telefónica, en su aplicación, su sitio o sus centros de atención, con la credencial para votar o el pasaporte y la CURP, y son las empresas las que guardan los datos. La CRT reúne los enlaces de cada operador en el portal registratulinea.crt.gob.mx y atiende consultas en el número 079. Cualquier línea se puede vincular antes de su fecha.

La meta de 120 millones es menor que el total de líneas activas. En abril, con datos de las propias compañías, Crónica hablaba de 153 millones. En agosto la CRT estimó que unos 25 millones de líneas sin uso real, como chips de regalo nunca activados o los que compran turistas para una sola visita, quedarían depurados del padrón, según Expansión.

La Corte ya tumbó un padrón parecido

México intentó algo similar hace cinco años. En abril de 2021 se publicó la reforma que creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que además del nombre y la CURP pedía datos biométricosIdentificación de una persona a partir de rasgos físicos o de comportamiento, como el rostro, las huellas dactilares, el iris o la voz. A diferencia de una contraseña, no se puede cambiar si se filtra.. La Suprema Corte lo declaró inconstitucional el 25 de abril de 2022, porque la medida no superó el examen de proporcionalidadAnálisis con el que un tribunal decide si una medida que limita un derecho es válida. Debe tener un fin legítimo, servir para lograrlo y ser la opción menos dañina disponible., ya que había alternativas igual de útiles y menos dañinas para la privacidad, según el análisis publicado por la IAPP, la asociación internacional de profesionales de privacidad. Las acciones las habían presentado el entonces instituto de transparencia y datos personales (INAI) y un grupo de senadores.

La diferencia que remarca la CRT es que el registro actual no arma una base del Estado, porque los datos quedan en manos de las compañías. A la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) eso no la convence. Su vocero, José Flores, pidió suspender el registro y sostuvo que es inconstitucional porque permite al gobierno acceder a datos personales sin orden judicial, según El Financiero. El pedido llegó después de que el 10 de enero, un día después del arranque, se expusiera una vulnerabilidad en la plataforma de Telcel que, según especialistas, permitió la filtración de datos de usuarios. R3D también sostiene que no hay evidencia de que el registro reduzca la extorsión. Article 19 y Derechos Digitales se sumaron a las advertencias, según Crónica.

Otros países de la región ya piden el documento

La CRT dice que México se suma a una práctica adoptada en al menos 166 países, y en América Latina hay antecedentes de larga data. Brasil obliga desde 2003 a las compañías a mantener un registro de los usuarios de líneas prepagas con nombre, dirección y número de contribuyente, por la Ley 10.703. En Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) exige que cada línea esté a nombre de una persona identificada y en 2023 actualizó ese reglamento con la Resolución 263, que habilita la validación biométrica. En Perú, el regulador OSIPTEL exige validar la huella digital de quien contrata una línea y multó a Telefónica por vender chips sin esa verificación entre 2015 y 2016.

En México, la próxima ronda de suspensiones empieza a correr el 15 de noviembre, con las líneas terminadas en 6.

Contexto (3 términos)
CURP
Clave Única de Registro de Población de México: código alfanumérico de 18 caracteres que identifica a cada residente y se usa en trámites públicos y privados.
biometría
Identificación de una persona a partir de rasgos físicos o de comportamiento, como el rostro, las huellas dactilares, el iris o la voz. A diferencia de una contraseña, no se puede cambiar si se filtra.
examen de proporcionalidad
Análisis con el que un tribunal decide si una medida que limita un derecho es válida. Debe tener un fin legítimo, servir para lograrlo y ser la opción menos dañina disponible.

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