La Cámara de Diputados de México aprueba la llamada ley antimemes, con multas de más de 4 millones de pesos

La Cámara de Diputados de México aprobó el 7 de octubre la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que la oposición bautizó como ley antimemes, y la dejó tal como llegó. El tablero marcó 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención en lo general, y 310 contra 97 en lo particular, sin modificaciones. La primera votación aprueba el dictamen en su conjunto; la segunda, artículo por artículo.

La iniciativa la envió la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo, según El País, y la respaldaron Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Votaron en contra el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. La única abstención fue la de la morenista Olga Sánchez Cordero. Las propuestas de cambio que presentaron las bancadas fueron retiradas o desechadas, informó La Razón.

En su cuenta oficial de X, la Cámara no habló de memes. Describió el dictamen como una reforma "en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet". La propia Sheinbaum negó el apodo el 29 de septiembre: "no hay ningún artículo que tenga que ver con eso", dijo, según LatinUS. La oposición responde que el problema no está en lo que el texto dice sobre los memes, sino en lo que obliga a hacer a quienes los alojan y los transmiten.

La protección de los proveedores deja de ser automática

El dictamen modifica el artículo 114 Octies y agrega los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la ley. El cambio de fondo está en el puerto seguroRégimen legal que exime a los proveedores de internet y a las plataformas de responder por los contenidos que transmiten o alojan sus usuarios, siempre que cumplan ciertas condiciones fijadas por la ley. de los proveedores de internet. Con la reforma, explicó Infobae, esa protección deja de ser automática.

Para conservarla, cada proveedor deberá tener una política para cortarles el servicio a los usuarios que infrinjan derechos de autor de forma reiterada. Según La Razón, esa política tiene que publicarse de forma permanente en el sitio del proveedor, formar parte de los términos y condiciones del servicio e incluir mecanismos mínimos para notificar al usuario.

Quien no cumpla quedará sujeto a la responsabilidad secundariaResponsabilidad legal que recae sobre un intermediario, como un proveedor de internet, por infracciones cometidas por sus usuarios, cuando incumple sus obligaciones, las facilita a sabiendas o se beneficia de ellas. por lo que hagan sus usuarios. También responderá si contribuye, induce o causa la infracción sabiendo lo que pasa, o si puede controlar al infractor y obtiene un beneficio económico directo de esa conducta. El Universal agrega que las plataformas que no retiren con rapidez el contenido infractor se vuelven corresponsables, y que la reforma endurece los controles contra el uso no autorizado de rostros, voces e imágenes modificadas con herramientas digitales o inteligencia artificial.

Multas que superan los 4 millones de pesos

Las sanciones quedan a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el IMPI. La franja más alta va de 5 mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, la referencia que México usa para fijar multas, y alcanza a quien use o difunda públicamente una obra protegida sin autorización. La multa máxima supera los 4 millones de pesos, según los cálculos de El Universal, El País y Grupo Animal, que difieren en el monto exacto. Para la retransmisión no autorizada de emisiones de radio y televisión, la escala baja a entre mil y 5 mil veces esa unidad, y la reincidencia suma una multa adicional.

Morena y sus aliados defendieron la reforma como una herramienta contra la piratería y una forma de armonizar la legislación con el T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El morenista Jesús Valdés Peña recordó que la industria cultural representa el 2,8 % del producto interno bruto y el 3,5 % del empleo del país.

La exposición de motivos cita cifras de la Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos: más de 127 millones de contenidos infractores retirados de plataformas entre 2023 y 2024, y más de 72 millones entre 2024 y 2025. El mismo documento concluye que esos números muestran que el puerto seguro "propicia la cooperación" entre titulares de derechos y proveedores. Es el mecanismo que la reforma ahora endurece.

Censurar primero y preguntar después

La voz más dura llegó desde el Partido Acción Nacional. "Van a obligar a los proveedores de servicio de internet para que quiten el internet cuando al gobierno le moleste un contenido, una publicación, un meme, una caricatura, una parodia, una opinión", dijo la diputada Kenia López Rabadán. Los opositores advirtieron, según El País, que las multas serán un incentivo "para censurar primero y preguntar después", y según El Universal, que las plataformas recurrirán a filtros automáticos de monitoreo que borrarían de forma preventiva críticas, parodias y sátiras.

Gibrán Ramírez, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la reforma permite transgredir "con mucha ligereza" la libertad de expresión y la privacidad. Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional, habló de "efectos intimidantes" contra la prensa. El panista Miguel Ángel Salim Alle reclamó que las garantías para los usuarios no quedaron explícitas en el texto. Fuera del recinto, colectivos de derechos digitales y la organización Artículo 19 también hicieron advertencias, según El Universal.

Desde Morena, Jésica Saiden desafió a la oposición a señalar en qué parte del dictamen se censura a periodistas o se prohíbe un meme. Claudia Selene Ávila Flores fue más directa: "Quien no quiera que le hagan un meme, que se dedique a otra cosa". El debate se desvió varias veces hacia otros frentes, como las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra Andrés Manuel López Beltrán, que la oposición llevó a tribuna como ejemplos de lo que, según ella, la ley busca silenciar.

López Rabadán habló de "una pinza con dos tenazas". La otra, explicó El País, es la reforma a la Ley de Propiedad Industrial y al Código Penal que el Senado aprobó la semana anterior para sancionar el uso de la imagen institucional del gobierno con fines comerciales, también apodada ley antimemes.

La reforma al derecho de autor todavía no es ley: según Infobae, será turnada al Senado de la República para continuar el proceso legislativo. Ahí, la misma mayoría que ya aprobó la otra mitad de la pinza tendrá la última palabra antes de que los proveedores de internet en México tengan que reescribir sus términos y condiciones.