República Dominicana prohíbe al Estado usar IA para clasificar a los ciudadanos

El Estado dominicano ya no podrá usar inteligencia artificial para clasificar a sus ciudadanos ni para manipular su comportamiento. El presidente Luis Abinader firmó el 2 de noviembre el decreto 787-26, que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana, y la Presidencia lo publicó al día siguiente.

El código alcanza a todos los organismos, empresas públicas y entidades de la administración centralizada y descentralizada que diseñen, compren, contraten o usen sistemas de IA para prestar servicios o dictar actos administrativos. Las instituciones tienen 180 días calendario desde la publicación para adecuarse, registrar los sistemas que ya funcionan y designar responsables, un plazo que vence a comienzos de mayo de 2027, según el cálculo de Revista Mercado.

Siete usos prohibidos

El capítulo de usos prohibidos es el más concreto del texto. El Estado no podrá aplicar sistemas de puntuación o clasificación socialSistema que califica a las personas según su conducta o sus datos para darles o negarles acceso a derechos, servicios o beneficios. que condicionen el acceso de las personas a derechos o servicios públicos, ni usar la IA para "manipulación del comportamiento ciudadano, incluyendo propaganda política, desinformación institucional o técnicas de influencia encubierta desde el Estado", según el texto oficial del código.

La lista sigue con la identificación biométrica masivaReconocimiento de personas a distancia por el rostro, la voz o la forma de caminar, sin que la persona lo note ni intervenga. en espacios públicos, ya sea por rostro, voz o forma de caminar, sin orden judicial específica ni supervisión independiente. También prohíbe el perfilamiento criminal predictivo que señale a alguien como posible delincuente por su barrio, su origen étnico o su condición económica, y los sistemas que decidan sentencias penales o privaciones de libertad sin intervención humana directa. Cierran la lista las armas autónomasSistemas de armas que, una vez activados, eligen y atacan objetivos sin que una persona intervenga en cada decisión. Su posible prohibición se discute en la ONU, en Ginebra. y cualquier sistema desplegado sin base legalFundamento previsto en una ley de protección de datos que autoriza a una organización a tratar datos personales, como el consentimiento del titular o la ejecución de un contrato., sin evaluación previa, sin responsable identificado y sin auditoría independiente.

Los sistemas pensados para niños, niñas y adolescentes quedan bajo una "presunción reforzada de riesgo". Solo podrán usarse si la institución demuestra con una evaluación específica que no hay una alternativa menos intrusiva, y queda prohibida toda IA que genere contenido sexualizado o abusivo de menores, aunque sea sintético.

Qué cambia en un trámite

Para el ciudadano, el cambio más visible es el derecho a saber. Cuando una decisión administrativa que lo afecta se apoyó en IA, la institución tendrá que avisarle, explicarle los factores que pesaron y permitirle pedir correcciones y una revisión humana, detalló Diario Libre. Los plazos máximos para responder esas revisiones todavía no están fijados.

Los sistemas de alto impacto, los que afectan derechos, servicios esenciales o sanciones, deberán pasar una evaluación de impactoAnálisis previo que identifica los riesgos de un sistema para los derechos de las personas y las medidas para reducirlos antes de ponerlo en uso. ético y de derechos aprobada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) antes de entrar en funcionamiento. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) dará el soporte técnico y administrará un registro público de sistemas, informó Infobae. Las empresas que vendan IA al Estado tendrán que aceptar en sus contratos cláusulas de protección de datos, trazabilidad y auditoría, que vigilará la Dirección General de Contrataciones Públicas.

El decreto crea además un Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, copresidido por la DIGEIG y la OGTIC, con el Ministerio de la Presidencia, el Indotel, el Ministerio de Administración Pública y seis representantes de la sociedad civil, el sector privado y la academia.

Un código sin multas propias

El texto tiene un límite que el propio código reconoce. "Este Código no crea por sí mismo un régimen sancionador autónomo", dice, y remite los incumplimientos al Código de Integridad del Sector Público y a las normas administrativas vigentes. Quien considere que una institución lo incumple puede denunciarlo ante la DIGEIG, según Revista Mercado.

El código fue elaborado por la OGTIC y la DIGEIG con apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto, que en julio de 2025 había lanzado la convocatoria para redactarlo, y se apoya en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que el país aprobó por decreto en 2023.

La región elige caminos distintos

República Dominicana optó por un decreto que obliga solo al Estado, sin pasar por el Congreso. Venezuela tiene un código de ética de la IA de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero se limita a nueve principios generales, sin una lista de usos prohibidos, y su plan nacional de IA promete un regulador que todavía no tiene presupuesto. Chile, en cambio, discute una ley que alcanzaría también a las empresas privadas, con multas de hasta 20.000 unidades tributarias mensuales, y que acaba de quedar lista para votarse en la Sala del Senado, según CNN Chile.

La primera prueba llegará en mayo, cuando venza el plazo de adecuación y el registro de la OGTIC muestre cuántos sistemas de IA usa de verdad el Estado dominicano.